Encontré al bebé una madrugada de invierno, llorando en el pasillo de mi edificio en Vallecas. Yo me llamo María López, entonces tenía treinta años, trabajaba como auxiliar de enfermería y vivía sola. Al abrir la puerta para sacar la basura, escuché un llanto débil, casi ahogado. Allí estaba: envuelto en una manta barata, con la piel fría y un papel doblado en el bolsillo que solo decía “Perdóname”. No había nadie más. Llamé a la policía y a servicios sociales, pero nadie reclamó al niño. Tras semanas de trámites, me ofrecieron acogerlo temporalmente. Lo llamé Daniel.

El “temporalmente” se volvió definitivo. Daniel creció entre mis turnos largos, los deberes en la mesa de la cocina y domingos de fútbol en el parque. Nunca le oculté la verdad: sabía que no había nacido de mí, pero sí de mi decisión. A los doce años me dijo que yo era su madre porque yo me quedé. Con eso me bastaba. Vivíamos modestamente, pero con dignidad. Yo ahorraba para su educación, él estudiaba con disciplina. Éramos una familia real.

Todo cambió cuando Daniel cumplió diecisiete años. Recibí una citación judicial: una mujer reclamaba la custodia. Se llamaba Isabella Cruz, empresaria multimillonaria, dueña de una cadena hotelera. Afirmaba ser la madre biológica. Su abogado presentó pruebas de ADN y una historia de pánico juvenil y presión familiar. Decía que me agradecía haberlo cuidado, pero que ahora “correspondía” devolverle a su hijo.

El juicio llenó la sala. Cámaras, trajes caros, murmullos. Yo me sentía pequeña, pero firme. Presenté informes escolares, médicos, testimonios de vecinos. Isabella lloró con elegancia, habló de oportunidades, de un futuro brillante. Cuando llegó el turno de Daniel, el juez le pidió que hablara con libertad. Daniel se levantó, respiró hondo y miró a todos. Entonces dijo algo que cayó como un golpe seco en la sala, dejando a jueces, abogados y público completamente en silencio.